¿Debe dimitir el fiscal general del Estado si está investigado en un proceso judicial, o defender su permanencia es una expresión genuina de resistencia democrática? ¿Es un acto de responsabilidad denunciar comportamientos judiciales poco ortodoxos o hacerlo vulnera su derecho a la independencia y deteriora la calidad del Estado de derecho? ¿Es legítimo buscar una interpretación que imposibilite la aplicación de una ley o hacerlo impacta en la separación de poderes al desbordar intencionadamente el mandato constitucional del poder judicial? Las cuestiones formuladas y aquellas otras que pueda imaginar el lector afloran implícitamente en las grandes discusiones que hoy vertebran la conversación pública en nuestro país. No se trata de entrar ahora en lo mollar de los debates con argumentos a favor o en contra. El problema sobre el que quiero llamar la atención es previo y consiste en aclarar en qué consiste eso de ser o comportarse de manera institucional. El tema me parece relevante porque de forma habitual se apela a su defensa para jerarquizar comportamientos y, como resultado, estrechar el margen de la respuesta aceptable a los desafíos que hoy soporta nuestro sistema democrático. Pues bien, ¿qué es eso de la institucionalidad?
Qué significa hoy defender la institucionalidad
Scritto il 08/01/2025
da Mariola Urrea Corres
La defensa del sistema a través de una idea virtuosa de respeto a las instituciones resulta válida si aquello a defender está bien construido